Comentario
Esta región, una de las más ricas y desarrolladas de Italia, fue transferida a los Habsburgo con el Ducado de Mantua en virtud de los Tratados de Utrecht, recibiendo una enorme influencia de la corte vienesa en todo este período a través de las profundas reformas que se acometen desde el principio, como la revisión sistemática del Catastro (1718-1759), la supresión de las aduanas internas (1723), el intervencionismo del Estado para estimular el crecimiento económico y la reforma del sistema impositivo. Asimismo, la ebullición intelectual que haría de la Universidad de Pavía uno de los grandes centros culturales de Italia, fue estimulada por los dirigentes austriacos, lo que convirtió al Milanesado en foco de irradiación de la Ilustración y el progreso.
Carlos VI (1713-1740) gobernó la región a través de gobernadores. Uno de ellos, Colloredo, crea en 1718 una Junta del Censo para establecer un cómputo actualizado y fiable de las propiedades inmobiliarias. Ayudado por otros políticos reformadores como Miro, Cavalieri y Esmandia, y venciendo la resistencia de la nobleza y el clero que se negaban a tasar sus tierras, se hizo un catastro bastante completo que serviría de instrumento básico para crear una fiscalidad racional y coordinada por el Estado. Aunque los objetivos estuvieron a punto de ser alcanzados, el estallido de la Guerra de Sucesión polaca y la apertura de un frente en esta zona tras la invasión piamontesa, paralizó el proyecto momentáneamente por las preocupaciones militares.
Al estallar la crisis dinástica en Austria, María Teresa (1740-1780), temiendo perder el Milanesado, envió al conde Gian Luca Pallavicini como delegado del ejército que operaba en Italia; este genovés desde el principio pensó en combinar medidas políticas con militares, por lo que se propuso tres objetivos: terminar el catastro, reorganizar la hacienda, acometiendo un nuevo plan impositivo, y acabar con el déficit público.
A pesar de estos intentos, la reforma no fue acometida a fondo hasta el fin de la guerra, puesto que ésta, además, puso de relieve otros problemas adicionales como la falta de centralización administrativa, la ausencia de una política económica y un ejército insuficiente. Así pues, en 1750 Pallavicini es nombrado gobernador y realiza sus proyectos de cambio: abolición de cualquier magistratura extraordinaria en el campo de la justicia, creación del Banco de María Teresa (1753) y reorganización de la hacienda. Fue fundamental la ayuda prestada por otro gran reformista, Pompeo Neri, para terminar el catastro y estimular la producción agrícola. Por esos años se firmó un Concordato con la Santa Sede (1757), precedido de una enorme polémica, y que estuvo a punto de anular los efectos de la reforma por la resistencia tenaz que opuso la Iglesia al recorte de sus privilegios y a la obligación de contribuir al fisco. A Pallavicini le sucedió el conde Di Firmian continuándose la seguida ola reformadora. Acabado el catastro, donde se puso de manifiesto las profundas desigualdades en el reparto de las tierras, entraría en vigor la nueva ley fiscal (1760), que afirmaba el principio de la universalidad impositiva al tiempo que adoptaba nuevas medidas para la correcta distribución de los gravámenes. En 1765 se creó el Consejo Supremo de Economía, como organismo rector de la política económica, fiscal y financiera, que elaboró un Código Comercial, promovió el relanzamiento de la industria textil y estimuló la investigación científica orientada a la producción. También por estos años se inició una clara política regalista con la creación de una junta (1765) que trataría de poner bajo control del Estado los asuntos eclesiásticos. La primera medida adoptada fue la reafirmación del Exequátur, seguida de un edicto sobre la mano muerta eclesiástica que preveía un impuesto especial sobre los bienes del clero (1767); después se proclamó la separación de la Iglesia del Estado, definiéndose claramente ambas esferas de poder y poco después se le quitó a la Inquisición el control sobre la censura de libros, que en adelante ejercitaría una junta de Estudios, favoreciendo la libertad de pensamiento. También se disminuyeron las festividades religiosas, se prohibieron determinadas manifestaciones de culto y se abolió el derecho de asilo. Por último, en el terreno institucional se procedió a la abolición de los principales organismos políticos y jurídicos de la aristocracia lombarda siendo sustituidos por departamentos y dependencias directamente supervisados por los ministros.
El reformismo de José II (1780-1790) se caracteriza por su radicalidad, asestando un golpe definitivo a los antiguos poderes establecidos. Sin embargo, su reforma fue incomprendida por la sociedad lombarda; la vieja aristocracia, al verse desplazada del poder, desencadenó una gran resistencia y los propios intelectuales, disgustados por el autoritarismo real, no dieron su respaldo. En el plano económico aplicó una política novedosa y original tendente al liberalismo económico; para ello se suprimen las corporaciones, se reforma el sistema de abastecimientos y se declara la libertad total de comercio. El otro campo donde se muestra novedad es en la reforma administrativa: Milán deja de ser un territorio con relativa autonomía para formar parte del Estado habsburgués; para ello desaparece el departamento y canciller de Italia en Viena y los organismos que en Milán controlaba la nobleza (Senado, magistrado cameral y algunos cuerpos cívicos) y se crea un entramado que tiene en su vértice un Consejo de Gobierno, donde permanece la figura del gobernador, y varios departamentos especializados en los diferentes campos del gobierno; Lombardia así es dividida en ocho circunscripciones provinciales con un intendente a su frente y se adoptan algunos cambios en la administración municipal para aumentar la representación en su seno de todos los grupos sociales.